Transiciones extractivistas, nuevas ministras e independencia ciudadana

Eduardo Gudynas

Los ministros, ministras y otros altos jerarcas en el Estado tienen enormes responsabilidades en construir las políticas públicas y en concretarlas en distintos planes de acción. Eso hace que la intención del nuevo gobierno colombiano, liderado por Gustavo Petro, en iniciar una transición para dejar atrás la dependencia en los extractivismos mineros y petroleros, en buena medida dependa de las autoridades seleccionadas en esos cargos.

En ese frente, la designación de Susana Muhamad como ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha sido bien recibida desde los actores comprometidos con la protección ambiental. Posee formación y experiencia en la materia, se conoce su modo de gestión en tanto se desempeñó en una posición análoga en la alcaldía de Bogotá durante la gestión de Petro; luego, desde el Consejo de la ciudad, atendió cuestiones sobre ordenamiento territorial, agua y cambio climático. Eso antecedentes hacen válido asumir que conoce los tironeos, apoyos y traiciones, que son típicos en los corredores del poder gubernamental. Además, tuvo en sus manos el empalme en la temática ambiental con el nuevo gobierno.

En cambio, la sorpresa fue la designación de Irene Vélez para el Ministerio de Minas y Energía. En tanto ella tiene su formación en minería, la polémica pública se enfocó en determinar si esos estudios eran adecuados para ese cargo, y desde allí se siguió en una discusión sobre el papel de los títulos universitarios para la gestión estatal. Unos alertaban que, por ejemplo, se ubicaba a economistas para casi cualquier tarea, casi todas ajenas a sus formaciones, y por lo tanto no sería reprochable ensayar ahora con una filósofa. Otros insistían en que esa formación era insuficiente para lidiar con las esferas económicas, tecnológicas y políticas de los emprendimientos mineros y petroleros. De un modo u otro, esos son abordajes simplistas. Pero incluso hubo expresiones todavía más reduccionistas, tales como respaldar o rechazar el nombramiento como gesto a favor o en contra del nuevo gobierno.

Bajo esas miradas, lo más importante en este asunto parece haber pasado desapercibido, al menos desde una postura independiente. Es que se debe dejar en claro que ocurrieron dos hechos llamativos al mismo tiempo: por un lado la designación de Vélez en ese ministerio y por el otro la ausencia de Álvaro Pardo. Uno y otro hecho revisten igual importancia y deben ser sopesados al mismo tiempo.

Alvaro Pardo era quien coordinaba la comisión del programa del Pacto Histórico enfocada en los temas de minería y petróleo, desde donde se pensaba y proponían los contenidos de la transición minero-energética. También lideró la comisión de empalme en esta temática entre el gobierno Duque y la administración que asumiría Petro. No es nada menor que Pardo tenga una larga experiencia en esta temática, conozca en detalle todo el sector, ha sido autor de importantes e influyentes análisis, y desde siempre haya acompañado a organizaciones sociales. Se podrán tener mayores o menores coincidencias con sus ideas sobre transiciones de salida del extractivismo, pero Pardo aseguraba siempre un alto nivel en cualquier conversación, un manejo riguroso de la información y un vasto conocimiento sobre los engranajes de esos sectores en Colombia. Como ahora sabemos, Pardo no fue elegido para ese cargo, y por el momento no forma parte de los altos cargos en ese ministerio.

Irene Vélez no cuenta con una experiencia de ese calibre en esa temática. En reconocer ello no tiene relevancia si es filósofa, ingeniera, economista o autodidacta, sino que refleja un punto de partida que es irrefutable. Como tampoco se cuenta con evidencia de gestiones pasadas en otros cargos públicos o políticos de relevancia, no se pueden adelantar expectativas o temores. Del mismo modo, el hecho que publicara artículos sobre conflictos frente a los extractivismos es un mérito académico, sin duda importante, pero no permite extrapolar conclusiones sobre una futura gestión pública. Además hay muchos investigadores en Colombia en esos temas, y si el número de publicaciones fuera un indicador clave entonces se debería considerar a otros destacados académicos (la antropóloga Astrid Ulloa es un ejemplo de ello). Pero al mismo tiempo, es destacable que en sus investigaciones y actividades acompañara a distintas comunidades, y es claro que conoce los impactos de la minería sobre la salud y el ambiente, y que trabaja en colectivos multidisciplinarios.

Ese nombramiento es una novedad, con toda la frescura e incertidumbre que ello encierra. Habrá que ver cómo se desarrolla su gestión con el paso de los meses. En el momento actual todo es expectativa, y cualquier juicio, sea en un sentido u otro, no tiene mayor sustento. Se debe esperar.

Pero, al menos para abordar las transiciones, sería inadecuado poner todos los énfasis sobre el Ministerio de Minas y Energía. Posiblemente un programa de transiciones en energía y extractivismos deba ser liderado por el Ministerio del Ambiente ya que no debe olvidarse que su nombre completo incluye el “desarrollo sostenible”. Eso hace Muhamad pueda comenzar a darle contenidos concretos a los slogans sobre transiciones y cómo se articulan con una estrategia sostenible.

Ante estas circunstancias, desde el punto de vista de las organizaciones ciudadanas comprometidas con los derechos de las personas y de la Naturaleza, es importante no caer en el inmovilismo. Es necesario mantener, e incluso mejorar, los modos de analizar la coyuntura. La elección de jefaturas de ministerios y otros altos cargos en el Estado no es un tema menor, y en especial desde una mirada de izquierda. Esta siempre ha criticado la designación de personas sin capacidades, apelando a parientes, amigos del poder o como modo de resolver alianzas partidarias o empresariales. Eso hace que para el ala de izquierda en el progresismo, sea necesario asegurar que se elijan a los más capaces y aventar las sospechas de nepotismo.

Tampoco puede caerse en otro inmovilismo que renuncie a evaluar la gestión. La experiencia internacional indica que en varios países, cuando llegaba un gobierno progresista que reemplazaba uno conservador, se insistía en no cuestionar a nuevas autoridades ni a su desempeño, porque con ello se le hacía el “juego a la derecha”. Eso fue particularmente claro en los inicios de los gobiernos de Lula da Silva en Brasil, que con la mejor intención de apoyar a la ministra de ambiente de aquel tiempo, Marina Silva, se suspendieron muchos cuestionamientos al resto de la administración.

Esa postura, la de no criticar para “no ser de derecha”, terminó teniendo efectos nocivos. Unos dentro de los propios movimientos ciudadanos, ya que se dividieron; y otros, entre las propias organizaciones de la sociedad civil, donde algunas se volvieron agencias tercerizadas del gobierno. Esas circunstancias alimentaron otro proceso pernicioso. Muchos jerarcas gubernamentales se volvieron muy soberbios, y cada vez que les señalaban una metida de pata, la respuesta más sencilla era retrucar que esos críticos eran funcionales a los partidos de oposición. Encerrados en su petulancia, la gestión se deterioraba todavía más.

Independientemente de lo que un gobierno de turno acepte discutir en público, si su gestión social y ambiental es inadecuada, el deterioro sigue avanzando, los impactos se acumulan y crece el descontento ciudadano. Silenciar o impedir la crítica y la evaluación no resuelve los problemas; esquivar advertencias y discusiones, sólo sirve para empeorar la situación.

Sin duda todo esto produce tensiones entre los grupos e individuos comprometidos con el ambiente y los derechos humanos, precisamente porque ese compromiso obliga a una independencia en sus tareas, sus expresiones y sus militancias, para así poder señalar tanto aciertos como omisiones, acuerdos y desacuerdos. Otra cuestión es cómo hacerlo, para no caer en retóricas simplistas que dinamiten las capacidades de aprendizaje y rectificación desde un gobierno.

Todas estas cuestiones son relevantes porque la etiqueta de “transiciones” en extractivismos, minería y cambio climático, viene siendo usada de distintas maneras en Colombia. Los contenidos que se construyan desde el gobierno tendrán un enorme impacto dentro del país, pero también a escala internacional. Si se concreta el propósito de una transición claramente alineada con la protección ambiental y la calidad de vida, será un éxito para el país, fortalecerá al gobierno del Pacto Histórico y servirá de ejemplo para los progresismos en las naciones vecinas.

Tengamos presente que transiciones de ese tipo también se propusieron en otras administraciones progresistas; por ejemplo, en etapas iniciales de Rafael Correa en Ecuador, se defendía una moratoria de la explotación petrolera en una zona amazónica. Pero todas ellas fracasaron, y esos progresismos se volvieron defensores acérrimos de los extractivismos.

Si esas transiciones fracasan en Colombia, sea por mala aplicación o sea por darle a la palabra otros sentidos, las consecuencias para el país serán gravosas en cuanto a la calidad de vida, el ambiente y los derechos humanos. Pero además tendrá unas consecuencias demoledoras para ese tipo de propuestas a nivel internacional. Un fracaso será aprovechado por políticos convencionales y empresas para decir, una y otra vez, que esa transición progresista tuvo su oportunidad y falló, asumiendo que ello certificaría las bondades de los extractivismos clásicos.

Es por esas razones que lo que ocurra dentro de Colombia debe ser seguido con mucha atención, porque sus aciertos o desaciertos nos afectarán a todos.

Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Las opiniones en este texto son personales.

Publicado originalmente en el portal Transiciones.org el 19 de agosto de 2022. También se publicó en El Espectador (Colombia) y en otros sitios. Se permite la reproducción siempre que se cite la fuente.