Post extractivismos en Paraguay: opciones más allá de la sojización

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por Eduardo Gudynas – Como ocurre en toda América Latina, en Paraguay se han expandido vigorosamente los llamados extractivismos. Mientras que en varios países ese aumento descansó en los sectores mineros y petroleros de exportación, el caso paraguayo es particular por basarse en la agropecuaria pero también en la electricidad.

Toda la evidencia internacional muestra que los impactos locales de los extractivismos y sus efectos derrames son muy graves, no dejan de aumentar y en contra de la retórica convencional, tienen consecuencias económicas negativas. En Paraguay se repite la misma situación, y es por esas razones que es urgente comenzar a pensar alternativas.

Esas opciones de salida reciben el nombre de “postextractivismos”, y son motivo de creciente reflexión y disputa en varios países. En el presente texto, que es parte de una serie sobre la situación en distintos países, se comparten algunas ideas sobre ese tipo de alternativas. No se pretenden cubrir todos los aspectos en juego, pero se ofrecen algunas pistas que permitan ir más allá de la resistencia y la protesta, proponiendo estrategias que liberen al país de la subordinación a la globalización.

Unos extractivismos singulares

Un primer paso consiste en precisar el concepto de extractivismos. Recordemos que estos son un tipo particular de apropiación de los recursos naturales, caracterizado por grandes volúmenes o intensidad, y por destinarse sobre todo a exportarlos como materias primas (1). Bajo esta definición, los extractivismos son plurales, incluyendo a los que ocurren en la explotación minera y petrolera, pero también en sectores agrícolas, ganaderos, forestales, etc. Como son emprendimientos organizados para exportar recursos, todos ellos están anclados en mercados internacionales.

En Paraguay, el principal sector extractivista es la soja. Se cultiva en unos 3,5 millones hectáreas, lo que da cuenta de su enorme impacto territorial; en la reciente campaña se cosecharon casi 10 millones de toneladas (2), resultando en ser el primer rubro de exportación del país. Este es un perfil extractivista que se asemeja al de Argentina o Uruguay.

Pero Paraguay es el único país donde ocurre un extractivismo de energía eléctrica, o sea, donde se modifica un río por la construcción de un represamiento hidroeléctrico, y la energía obtenida es exportada directamente. En los demás países, las hidroeléctricas son parte de las llamadas cuencas de soporte de los extractivismos, que incluyen obras o espacios que brindan recursos para sostener las actividades extractivas. En esos casos, las represas hidroeléctricas generan electricidad que necesitan los extractivismos. Un ejemplo conocido se encuentra en la Amazonia de Brasil, donde la represa de Tucuruí alimenta de energía a la explotación minera y procesamiento de aluminio de Carajás. Esas represas no son extractivismos en sí mismos, ya que no exportan la electricidad, sino que son construidas para atender las necesidades de emprendimientos extractivos que están en otro sitio. En cambio, en el caso paraguayo la energía de las represas sobre el río Paraná es, en parte exportada, convirtiéndolo en un caso único de extractivismo energético.

Finalmente, el otro sector extractivo relevante es la ganadería. El hato ganadero creció desde los 10 millones de cabeza en 2006, a más de 15 millones en 2016 (3). Su enfoque exportador es clarísimo; en 2015 se faenaron para exportación 1,88 millones de cabezas, mientras que para el mercado local apenas se destinaron 9 mil cabezas (4).

Estos y otros aprovechamientos de materias primas dominan la oferta exportadora. En los últimos años, los commodities están en el nivel del 90% del total de las exportaciones, aproximándose así a los que se observa en los países hiperextractivista como Bolivia, Ecuador y Venezuela.

Además, hay una marcada concentración en unos pocos productos. El primer lugar lo ocupan la soja y sus derivados (tortas, harinas y aceite), representando el 41,4 % de las exportaciones totales; le siguen la electricidad (24%) y la carne vacuna (10,7%) (5). Distintos rubros que en el pasado tenían relevancia se redujeron drásticamente; por ejemplo, el algodón representaba el 9% de las exportaciones en el año 2000, casi tanto como la carne vacuna en la actualidad, para casi desaparecer en los últimos años.

El peso de los sectores extractivos en la economía es sustantivo; se estiman los ingresos por la soja en US$ 3 128 millones, los de la energía eléctrica en US$ 2 138 millones, y por la carne en US$ 1 156 millones (6).

Todo esto implica que la economía paraguaya sea más simple en comparación con las naciones vecinas. En el indicador de complejidad económica, Paraguay ocupa el puesto 86 entre 126 países; se ubica, por ejemplo, por debajo de Uruguay (lugar 55) otro país agropecuario, aunque muy por encima de Bolivia (lugar 112), un país todavía más extractivista ya que combina minería, hidrocarburos y agropecuaria (7).

El país está subordinado al comercio internacional. En unos casos se relaciona por medios de cadenas “largas” (como la exportación de soja hacia China) y otras casos son “cortas” (como la venta de energía a las naciones vecinas). En cualquier caso, los cambios en los precios o demanda de materias primas sea determinante en el ritmo de expansión o contracción de esos sectores. En tanto esos productos se deben exportar, hay que aceptar las condiciones en el flujo de capitales y comercio de bienes propias de la globalización. Eso se complementa con una subordinación también en las importaciones, ya que se deben comprar insumos para sostener esos extractivismos, desde combustible a semillas y agroquímicos.

Empuje y adicción extractivista

Para poder abordar con propiedad una alternativa a los extractivismos es necesario comenzar por reconocer que esas prácticas productivas son promovidas activamente por distintos sectores empresariales y políticos, y cuenta además con el respaldo de muchos técnicos. No es un asunto de minorías. Sus defensores sostienen que son componentes esenciales del desarrollo, entendiéndolo como un proceso encadenado: extractivismos como el sojero permitiría aumentar las exportaciones y recibir inversiones, lo que promovería el crecimiento de la economía, y ello generaría efectos derrames tales como empleo y consumo en la población y el financiamiento del Estado.

El apego a esos extractivismos se ha repetido continuamente. La dependencia en exportar materias primas se profundizó en los últimos años; pasó del nivel del 80% en el año 2000 al orden del 90% en 2015. Es importante tener presente que esto ocurrió bajo gobiernos de distinto tipo: superó el 80% en los gobierno de Macchi y Duarte, y rebasó el 90% con Lugo y Franco, mientras ahora, en la presidencia Cartes, oscila alrededor de ese nivel. Situaciones similares se repiten en otros países, ya que las administraciones progresistas en Ecuador, Bolivia o Venezuela en todos los casos reforzaron los extractivismos.

Seguidamente se deben atender las consecuencias, las que se pueden dividir entre los impactos locales por un lado, y los llamados “efectos derrame” por otro lado. En el primer tipo se incluyen impactos en los enclaves extractivistas, como la contaminación de suelos y aguas, o el desplazamiento de comunidades. En el segundo se cuentan cambios que se hacen en las políticas públicas para apoyar algunos emprendimientos pero que no quedan restringidos a éstos, y terminan debilitando el marco normativo y las políticas públicas en todo el país.

Entre los impactos directos se destacan aquellos desencadenados por la agropecuaria (8). El aumento del área sojera ha sido enorme; se lo estima en 136% entre 2002/03 a 2014/15, y sobre todo en el occidente. Esto conlleva un aumento notable de impactos por agrotóxicos, deforestación y las presiones sobre la fertilidad del suelo y los recursos hídricos. Entretanto, la expansión ganadera sobre todo ocurrió en el Chaco, convirtiéndose en un factor determinante de la deforestación y el desplazamiento de comunidades. Se estima un crecimiento del 40% de la ganadería en el oriente, pasando de 6,4 millones de cabezas en 2002 a unos 9 millones en 2014. La consecuencia ha sido la pérdida de unos 8 millones has de bosques chaqueños con toda su biodiversidad. Cuando se suman los bosques destruidos en la región oriental, se explica el calificativo de Paraguay como “campeón” de la deforestación (9).

El desplazamiento de comunidades campesinas y de sus prácticas agropecuarias también expresan impactos directos de los extractivismos. Lo mismo ocurre en la violencia, la criminalización y otros recortes sobre los derechos humanos, muchos alrededor de conflictos sobre la tierra y la calidad de vida (10).

En paralelo se despliegan los efectos derrame. Aunque en su origen está favorecer un emprendimiento o unos pocos, por ejemplo rebajando exigencias sociales o ambientales, esas flexibilizaciones se extienden a todos los sectores y en todo el país. Los casos más claros están en la permisividad, falta de monitoreo e incluso de sanciones. Por ejemplo, se indican que se han sumado unas 5 mil denuncias por tala de bosques, pero prácticamente no ha habido ninguna condena (11). De la misma manera, se naturaliza que se violen los derechos humanos de minorías. Se conforman de esta manera “derrames” de todo tipo que alcanzan políticas públicas clave en materia de ambiente, derechos y justicia.

Otro de los efectos derrame es lo que podría entenderse como una “adicción” a los extractivismos. Los booms de exportaciones de materias primas, y los altos ingresos que generan, promueven conductas de buscar siempre un poco más, por ejemplo brindando nuevos beneficios a los extractivimos. En paralelo, la hipertrofia extractivista inhibe el fortalecimiento de otros sectores productivos, como pueden ser otras prácticas agropecuarias, y en especial a la industria nacional. La bonanza hace que desde los negocios convencionales sea, por ejemplo, más ventajoso exportar más soja para importar más bienes en lugar de manufacturarlos en Paraguay. La economía nacional se simplifica y no hay muchos incentivos para diversificarla.

Esos efectos derrame son evidentes en Paraguay. En la dimensión económica se repite que es una gran ventaja la bajísima imposición tributaria, y con ello se justifican las resistencias a cualquier cambio en ese sentido. Parece no entenderse que esa tímida carga en impuestos obliga a ser todavía más extractivista, ya que el gobierno recauda poco, y de ese limitado dinero, buena parte termina en usos ineficientes (12). Por ello, para incrementar los ingresos se busca aumentar los volúmenes de exportación, lanzándose a liberar el avance de la frontera agropecuaria, tolerar la deforestación y amparar nuevas inversiones. Esto genera más impactos locales y resistencias ciudadanas. O sea, más efectos derrame de todo tipo. Sobre todo esto se inserta, además, la idea de expandir programas asistencialistas, asumiéndose que los extractivismos son fundamentales para poder pagarlos. Todas estas son dinámicas que se retroalimentan constantemente, y cuanto más adicto es el país, más difícil se vuelve la exploración de alternativas.

Finalmente, la evidencia de los países vecinos ha dejado en evidencia las estrechas relaciones entre la corrupción y los extractivismos. El pago de sobornos, los favores políticos, y otras prácticas ilegales, son usadas para esconder impactos negativos, dejar de sancionar a los que violan normas ambientales o sociales, y acceder a jugosos contratos o concesiones en los sectores extractivos. Paraguay está entre los países con los peores indicadores en transparencia ante la corrupción, en niveles similares a los de Bolivia, Ecuador y Venezuela, todos ellos naciones hiperextractivistas (13).

 

El programa postextractivista

Frente a toda esta problemática de los extractivismos, en distintos países se explora lo que puede denominarse como programas postextractivistas. Son iniciativas de reflexiones y prácticas que, frente a los impactos de los extractivismos, postulan un conjunto de políticas, estrategias y acciones para, por un lado revertir los efectos más dañinos, y por otro lado, paulatinamente desmontar la dependencia extractivista promoviendo otros sectores (14).

A pesar de todas las resistencias desde actores políticos, empresariales y buena parte de la academia, esta es una discusión que ha avanzado en varios países. Fue un paso inevitable ya que los gobiernos y empresarios que defendían a los extractivismos una y otra vez respondían a los reclamos ciudadanos con preguntas como ¿cuál es su alternativa? ¿cómo se mantendrá la economía nacional sin extractivismos? ¿dónde se generará empleo?

La necesidad de atender esas cuestiones promovió distintas investigaciones independientes, campañas de reflexión desde la sociedad civil, la identificación de iniciativas locales exitosas, y muchas otras tareas de este tipo. En aquellas naciones el foco estaba puesto en alternativas a los extractivismos mineros y petroleros, cuyo equivalente para países como Paraguay, sería priorizar un postextractivismo sojero. Y si eso fue posible en aquellas naciones, nada impide avanzar en senderos similares en Paraguay.

La perspectiva postextractivista insiste una y otra vez en la necesidad de definiciones rigurosas, ya que eso permite entender de mejor manera la situación actual y la vez diseñar estrategias alternativas. Esto es necesario para revertir una de las más repetidas y simplistas críticas: afirmar que el postextractivismo implicaría una Naturaleza intocada, la prohibición de la agricultura o de cualquier uso de los recursos naturales. La respuesta es sencilla: extractivismos y agricultura son dos conceptos distintos. Existen múltiples formas de cultivos que pueden ser llevadas adelante con baja o medio impacto en el ambiente y que no dependen de la exportación hacia la globalización. Tampoco se postula algo así como un regreso a la prehistoria o rechazar la tecnología. Por el contrario, el postextractivismo hace uso de los más recientes hallazgos en ciencias ambientales y las mejores tecnologías apropiadas. Su slogan es: cero pobreza y cero extinciones.

Sin duda, los postextractivismos postulan cambios profundos en lo que se entiende actualmente como desarrollo. Insiste en un uso de los recursos naturales más moderado, ajustado a las capacidades ecológicas y los contextos sociales de cada sitio, y cuya primera prioridad es sostener las necesidades nacionales y regionales, y no la exportación como materias primas.

Unos cambios de este tipo no se pueden hacer de un día para otro; no se reclama una revolución instantánea. La misma rigurosidad que se aplica a las definiciones se usa para comprender que como los extractivismos están tan intrincados en la economía y la política, y que son defendidos por varios sectores sociales, se deberá abordar un cambio por etapas. Es, al fin de cuentas, una alternativa dentro de procesos democráticos.

Por estas razones el postextractivismo se expresa como un programa de transiciones. En ese marco se proponen dos tipos de medidas: Las primeras son calificadas como de urgencia y emergencia, y apuntan a desmontar los extractivismos que generan los impactos sociales y ambientales más graves, especialmente donde afectan la salud de las personas, se impone con violencia o se destruye la Naturaleza. A ellas siguen acciones de otro tipo que promuevan y protejan otros sectores productivos prestándole especial atención a cómo se aprovechan los recursos naturales, el consumo de energía y agua que requieren, la demanda de empleo que requieren, y el tipo de bienes que producen. Todo esto requiere, a la vez, cambios en el marco tributario, en la forma en que el Estado subsidia y apoya ciertas sectores, en cómo se piensan y ejecutan las políticas públicas y en la inserción internacional.

Componentes claves en las transiciones

¿Cuáles serían algunos componentes destacados de las transiciones postextractivistas en Paraguay? Algunas respuestas a esa interrogante se comparten en esta sección.

Las medidas de urgencia y emergencia deben apuntar a detener los daños sociales y ambientales más graves y contener los efectos derrame. Esto significa impedir nuevas deforestaciones, proteger ecoregiones relevantes como el Chaco y controlar efectivamente la contaminación y los daños sobre la salud. Implica a la vez salvaguardar a las comunidades locales, para que puedan permanecer en sus territorio, deteniendo la transferencias de tierras públicas, campesinas o indígenas al sector agroexportador (15). No puede dejar de mencionarse que algunos megaproyectos, como nuevas represas (por ejemplo Corpus Christi), deben abandonarse por sus severos impactos sociales y ambientales. Paralelamente es necesario actuar sobre los efectos derrame más graves, donde la prioridad está en los derechos humanos y en impedir mas violencia rural.

Estas y otras medidas de urgencia apuntan a lo que podría calificarse como un intento de evitar que el país muera por su adicción extractivista. Se basa en medidas simples pero siempre postergadas, tales como aplicar con efectividad las normas sociales y ambientales. Su objetivo inmediato es reducir el peso de los extractivismos en las exportaciones a que las materias primas no representen más del 50% del total, y diversificándolas para que no sigan concentradas en unos pocos productos.

Las medidas de emergencia y urgencia buscan además colocar al país en mejores condiciones para poder pasar a transformaciones más sustanciales propias de las siguientes etapas de las transiciones. Estas incluyen otras políticas ambientales, económicas y sociales, reformas en el gasto público y el desempeño estatal, junto a cambios en la inserción internacional. Aquí sólo es posible presentar algunos ejemplos de ese amplio conjunto de medidas.

Es indispensable promover una diversificación productiva, priorizando los sectores agropecuario e industrial. La transición hacia prácticas orgánicas y agroecológicas tiene enormes ventajas ya que aseguran reducir la presión sobre el agua y el suelo, menor consumo de agroquímicos y combustibles, y requiere más empleo que el agronegocio. A su vez, el país cuenta con varias ventajas para diversificar su canasta de alimentos, bajar así las importaciones de comida y asegurar su soberanía en esa materia, y también algunos de esos sectores con etapas industriales propias dentro del país.

Es común que se planteen diversas objeciones económicas a ese tipo de transiciones, casi todas ellas enfocadas en la pérdida de ingreso por las exportaciones y la recaudación fiscal. Sin embargo es necesario clarificar que los extractivismos evaden muchos de sus costos, transfiriéndolos por ejemplo municipios y comunidades, y desde allí a toda la sociedad, y además reciben muchos subsidios. Esto es muy común en varios países y en Paraguay hay evidencia de lo mismo. En el país se debería descontar el valor económico del daño ambiental que produce la sojización, un costo que existe y que es transferido a la sociedad. Una primera estimación de algunos de esos costos llevó a reclamar una tasa de US$ 364 millones/año sobre la soja (16). En paralelo existen renuncian fiscales y subsidios explícitos o implícitos; por ejemplo, se estimó que el país perdió en 2016, US$ 282 millones en impuestos inmobiliarios rurales que no fueron adecuadamente asignados (17).

De esta manera, las transiciones requieren una clarificación de las economías extractivistas, con una contabilización rigurosa que muestre sus costos en lugar de ocultarlos y asigne su pago a quienes son realmente sus responsables. Paralelamente, los dineros usados en aquellos subsidios se pueden reorientar a apoyar la producción orgánica y ecológica, así como ciertos sectores manufactureros. A su vez, el Estado debería dejar de pagar por el daño ambiental y social, con lo cual genera ahorros genuinos que también puede reorientar. Finalmente, se debe transitar hacia una carga impositiva más justa y equitativa, lo que generará también más ingresos, aunque sin duda eso desembocará en materias primas más caras.

Estas medidas y otras en el ámbito productivo requieren cambiar la estructura y criterios de asignación del gasto público. Debe apelarse a condiciones como la internalización de los costos ambientales, el consumo de energía y agua, o la generación de empleo.

El Estado paraguayo también debería aprovechar con más inteligencia sus ventajas en algunos recursos, y en particular la disponibilidad en electricidad. Se ha presentado todo tipo de iniciativas para transformar el sistema de transporte apelando a medios eléctricos tanto dentro de ciudades como en el ferrocarril, y además para sostener cierto tipo de industria.

Las consecuencias de las transiciones económicas, fiscales y productivas tienen repercusiones en la inserción internacional. En ese frente, la propuesta de transiciones plantea que es necesario encarar la coordinación con los países vecinos para quebrar la competencia entre vecinos en exportar más o menos los mismos commodities. Sin duda esta es también tarea compleja, dado el descrédito de marcos de integración como el MERCOSUR. Pero de cualquier manera, la superación de la subordinación a la globalización impone que un conjunto de países puedan coordinar el precio, la oferta y los modos de comercializar sus recursos naturales. Existe urgencia en encarar esto para el caso de la soja ya que los países vecinos también son grandes exportadores. En este frente, las propuestas de transiciones buscan coordinaciones que parten de las complementaciones ecológicas entre los países, el tejido de redes industriales regionales donde participen todos los países, y regular el flujo de bienes y capitales.

Las medidas de este tipo, apenas esbozadas aquí, requieren actuar en el campo político. En ese terreno se deberá desmontar el hiperpresidencialismo para ampliar la base democrática en la construcción de políticas. Esto va desde medidas evidentes, como asegurar la plena vigencia de los derechos humanos y aplicar los procesos de consulta e información ciudadana, a aquellos que fortalezcan los papeles de los poderes legislativos y judiciales.

Tributos, tierra y extranjerización

Sin duda se pueden presentar dudas, críticas y hasta objeciones a las transiciones postextractivistas. Vale la pena de examinar algunas de ellas para clarificar un poco más la propuesta.

Considerando todas las distorsiones y subsidios encubiertos en el extractivismo sojero, tienen mucho mérito las actuales discusiones sobre la aplicación de una tasa a ese cultivo. La mirada postextractivista apoyaría un cambio en ese sentido pero también ofrece algunas precisiones y alertas.

En efecto, el instrumento a usar no debería ser un impuesto (en el sentido estricto de esa medida, entendiéndolo como una vía de recaudación estatal), sino una tasa dirigida a una restitución del patrimonio ambiental o asegurar la salud pública. Esta no es una distinción banal, ya que existe un riesgo mayúsculo en que el gobierno imponga ese cobro con el mero propósito de recaudar más dinero, en lugar de usar esos fondos en la restauración ambiental, descontaminar suelos y agua, asegurar la salud o buscar alternativas productivas.

Otro peligro es que algunos actores locales también busquen algún pago o compensación económica por un extractivismo. Hay ocasiones en que incluso comunidades locales se dividen entre aquellos que resisten un extractivismo por sus impactos y los que los ambicionan para cobrar una cuota parte de las ganancias (una asociación perversa que se ha observado en algunas comunidades indígenas que pagos o parte de las regalías de petroleras).

Por lo tanto, una reforma tributaria postextractivista debería implicar distintos instrumentos a los monocultivos de soja, donde unos pueden ser impuestos convencionales (incluyendo tasas a las sobreganancias en momentos de altos precios) pero otros deben ser tasas que permitan recuperar los costos de proteger la naturaleza y la calidad ambiental.

Otro frente que debe considerar el postextractivismo en Paraguay es la enorme desigualdad en el acceso a la tierra. El 63% de las fincas del país apenas representan el 2% de la superficie agropecuaria censada en 2008, mientras que un puñado de unos 600 terratenientes cuentan con el 40,7% de la superficie total (18). Esa disparidad presiona hacia los extractivsmos en sus dos extremos, tal como muestra la experiencia en los países vecinos.

Por un lado, los grandes hacendados se vuelcan hacia los monocultivos de soja y a ganadería, ya que esa escala hace que esas prácticas sean muy rentables bajo las actuales condiciones del mercado; su prioridad está en convertir granos y carnes en mercadería de exportación.

Por otro lado, la experiencia en los países vecinos muestra que también los pequeños y medianos agricultores en muchos casos se orientan hacia el monocultivo de soja. Lo hacen por varias razones, desde la expectativa de ganar más dinero a la necesidad de la pobreza o el endeudamiento. En los otros países del Cono Sur esto ocurre por medio de convenios de distintos tipos de alquiler o riesgo compartido entre una empresa sojera y el dueño de la tierra, incluyendo el modelo argentino de inversiones (pool de siembra) como algunas prácticas brasileñas de aprovecharse de propietarios endeudados para convertirlos en sojeros. La persona no pierde la propiedad sobre la tierra, pero su “socio” le impone el paquete tecnológico, las semillas, el manejo del cultivo, la maquinaria y la comercialización. Existen algunos síntomas de esto en Paraguay; por ejemplo, Guillermo Ortega encuentra que en el departamento de San Pedro casi desapareció el cultivo tradicional de algodón mientras la soja creció a 340 mil has, lo que indicaría que tierras campesinas fueron compradas o alquiladas a grandes agricultores (19).

Lo que ocurre es que la propiedad del recurso, en este caso la tierra, queda desacoplada de los modos de aprovechamiento, por ejemplo la sojización. Es una situación que se parece, sorpresivamente, a lo que ocurre en el sector petrolero, donde el recurso es nacional e incluso formalmente su extracción es controlada por una petrolera estatal, pero en los hechos esas empresas hacen convenios de distinto tipo con las grandes transnacionales petroleras, quienes son las que finalmente controlan su extracción y comercialización, como se observa en Bolivia o Venezuela.

En el caso de la soja, en los países vecinos se ha visto como muchos pequeños y medianos agricultores han cedido el manejo de sus fincas a grandes empresas. A su vez, el control de ese sector está en manos de grandes compañías que tienen muy poca tierra propia o ninguna, y que deben ser entendidas como corporaciones especializadas en servicios y logística agropecuaria.

Queda en claro que una reforma en el acceso a la tierra es urgente, pero por sí sola no asegura vías de salida a la dependencia extractivista y sus impactos. Por esta razón, los postextractivismos apuntan tanto a la propiedad como al acceso a los recursos, y las vías por las cuales éstos se insertan en cadenas productivas.

Toda esta problemática con los extractivismos agropecuarios se acentúa por la extranjerización, tanto en la tenencia y manejo de la tierra (con actores económicos de Argentina, Brasil y Uruguay), como en la comercialización (por ejemplo empresas argentinas en granos o brasileñas entre los frigoríficos), y todos ellos a su vez enmarcados en la presencia de grandes transnacionales (como las proveedoras de semillas, insumos, o las que encaminan las exportaciones). La agenda postextractivista impone una recuperación del control nacional sobre todo ese entramado.

Posibilidades y límites de un postextractivismo en Paraguay

En Paraguay también existen ventajas e incluso nuevas oportunidades para avanzar en transiciones postextractivistas que no deben pasar desapercibidas.

Hay un creciente consenso sobre los impactos negativos de sectores como los monocultivos de soja, tanto en el país como en las naciones vecinas. Las comunidades locales lo han sufrido directamente, y hoy se organizan de mejor manera para enfrentarlo. En la opinión pública también se ha instalado el debate sobre una tributación más justa al sector sojero. No existen argumentos valederos para afirmar que se puede seguir en esta misma senda extractivista por siempre como si ella no tuviera muchos impactos negativos. Ese reconocimiento obliga a comenzar a pensar y a discutir en serio sobre alternativas a los extractivismos.

Aún bajo los severos problemas ambientales actuales, de todos modos el país cuenta con algunas ventajas ecológicas frente a vecinos como Argentina, Brasil o Uruguay. Entre ellas se destaca que todavía hay remanentes muy importantes de ambientes naturales, especialmente en el Chaco. En aquellos países la situación es mucho peor. Las praderas y savanas originales de las “pampas” del sur de Brasil, Uruguay y Argentina fueron totalmente transformadas y artificializadas, enormes extensiones de bosques naturales desaparecieron, y grandes humedales se han convertido a la agricultura. Apenas quedan algunas minúsculas áreas de aquellos ecosistemas originales. Predominan usos agropecuarios intensos desde hace más de un siglo, y ya presentan síntomas de problemas a gran escala, como la contaminación generalizada del agua por nitrógenos y fosfatos, o el deterioro del suelo. La destrucción ecológica motorizada por la pareja soja – ganadería también avanza rápidamente en la ecoregión del Cerrado, la segunda más grande Brasil, y se estima que la mitad se perderá hacia la mitad de este siglo. De esta manera, lo que ahora se observa en esos países vecinos mostraría la situación en la que quedaría Paraguay en un futuro cercano. Esto encierra otros argumentos muy poderosos, ya que basta ver los graves problemas con suelos y aguas para justificar la urgencia de no repetir esos mismos errores.

De todos modos, como ocurre en buena parte del continente, hay muchas resistencias a pensar y explorar cambios a los extractivismos. Como eso sucede tanto bajo gobiernos conservadores como progresistas, y como ese tipo de desarrollo es defendido desde todo tipo de vertientes ideológicas, está claro que enfrentamos prejuicios y mitos que tienen una honda raíz cultural. Todavía prevalecen las viejas ideas sobre el desarrollo como crecimiento económico y sometimiento de la Naturaleza, la ilusión con un líder presidencial compasivo que debería guiar a todo el pueblo, y el menosprecio por campesinos e indígenas. Esa vieja manera de pensar aparece en Paraguay una y otra vez. Por ejemplo, pocos meses atrás se festejaba la inminente expansión del cultivo de soja en el Chaco, anunciándose que en pocos años la región tendrá “enormes plantaciones” (20). En realidad ese anuncio debería desencadenar alarmas ya que ello reforzaría la deforestación en el Chaco, incrementaría la presión sobre el suelo y el agua, y volvería al país todavía más extractivista. Sin embargo, la novedad era presentaba como una bendición.

Por todo esto la tarea de pensar alternativas a los extractivismos hoy dominantes pasa por romper esas cadenas culturales, y volver a soñar con otros futuros. No hay una escasez de ideas y las experiencias en otros países brindan ejemplos y apoyos solidarios. El reto está en iniciar esa tarea cuanto antes, ya que las entrelazadas crisis sociales y ambientales así lo exigen.

Notas

1. Ver Extracciones, extractivismos y extrahecciones, E. Gudynas, Observatorio del Desarrollo, CLAES, 2013, http://extractivismo.com/2013/02/extracciones-extractivismos-y-extrahecciones/
Una biblioteca con artículos, reportes y libros sobre extractivismos, incluyendo sus definiciones e impactos, se puede encontrar en: www.extractivismo.com
2. Proyectan crecimiento del 7% en la cosecha de soja, La Nación, Asunción, 15 agosto 2017, http://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2017/03/23/proyectan-crecimiento-del-7-en-la-cosecha-de-soja/
3. Hato ganadero superó las 14 millones de cabezas, El Agro, 19 Octubre 2016, http://www.elagro.com.py/ganaderia/hato-ganadero-supero-los-14-millones-de-cabezas/
4. Vuyk, C. 2016. Industria cárnica. Producción nacional estratégica ¿a beneficio de quién?, En: Con la soja al cuello 2016. BASE IS, Asunción.
5. Indicadores para en 2013 a partir de la base de datos de CEPAL (Cepalstat).
6. Datos para 2016 del Banco Central de Paraguay.
7. Economic Complexity Index para 2015, en Atlas of Economic Complexity, Universidad de Harvard, en http://atlas.cid.harvard.edu/rankings/country/2015/
8. Una introducción a los impactos directos agropecuarios en Ortega, G. 2016. Mapeamiento del extractivismo. BASE IS, Asunción; y en la serie Con la Soja al Cuello, producida por BASE IS.
9. Paraguay, el “campeón” de la deforestación. ABC, Asunción, 30 marzo 2017, http://www.abc.com.py/nacionales/paraguay-el-que-mas-deforesta-1579104.html
10. Ver por ejemplo Palau, M. La dinámica de la criminalización, En: Con la soja al cuello 2016. BASE IS, Asunción.; otros casos en el informe Derechos Humanos Paraguay 2016, Codehupy, Asunción, 2016.
11. Denuncian inoperancia de jueces como una causa de deforestación. Ultimas Hora, Asunción, 11 abril 2016. http://www.ultimahora.com/denuncian-inoperancia-jueces-como-una-causa-deforestacion-n982362.html
12. Aportes complementarios, incluyendo el complejo panorama de endeudamiento, se describe en el reporte de la Sociedad de Economía Política de Paraguay (SPPY), ¿Qué paso con el “nuevo rumbo”? Tres años del gobierno de Horacio Cartes, en Proyecto Democratización de la Información Paraguay, 9 agosto 2016, http://demoinfo.com.py/que-paso-con-el-nuevo-rumbo-tres-anos-del-gobierno-de-horacio-cartes/
13. El reporte 2016 de Transparencia Internacional ubica a Paraguay en el ugar 123, en 176 países, con 31 puntos. Bolivia ocupa el puesto 113 con 33 puntos, Ecuador el sitio 120 con 31 puntos, y Venezuela el lugar 166 con 17 puntos.
14. Una biblioteca con textos y otros recursos sobre postextractivismo está disponible en: www.transiciones.org
15. Estas son respuestas por ejemplo a situaciones como las descritas en Paraguay: el “nuevo rumbo” apura el acaparamiento de tierras campesinas e indígenas al cumplir sus tres años, J. González S., Informe Especial, BASEI IS.
16. Cualquier impuesto queda corto frente al daño ambiental que genera la soja en Paraguay, afirma investigador, BASE IS Noticias, 30 junio 2017. http://www.baseis.org.py/cualquier-impuesto-queda-corto-frente-al-dano-ambiental-que-genera-la-soja-en-paraguay-afirma-investigador/
17. Subsidios a sojeros y ganaderos en el 2016 sólo en Impuesto Inmobiliario Rural fue de US$ 282 millones. EA Paraguay, 18 agosto 2017, http://ea.com.py/v2/subsidio-a-sojeros-y-ganaderos-en-el-2016-solo-en-impuesto-inmobiliario-rural-fue-de-us-282-millones/
18. Rojas Villagra, L. 2016. El Paraguay, estado social de unos pocos. En: Con la soja al cuello 2016. BASE IS, Asunción.
19. Ortega, G. 2016. Agronegocios vs Agricultura campesina. Resistir y producir. En: Con la soja al cuello 2016. BASE IS, Asunción.
20. En pocos años se plantará soja extensiva en el Chaco, 6 julio 2007, Ultima Hora, Asunción, http://www.ultimahora.com/en-pocos-anos-se-plantara-soja-extensiva-el-chaco-n1094905.html

Una primera versión de este artículo fue publicado en Informes Especiales, No 11, BASE-IS, Asunción (Paraguay); agosto de 2017. El artículo es parte de la serie sobre post-extractivismos, en la cual se han publicado aportes para Argentina, Chile, Colombia y Ecuador (disponibles en Rebelión). Eduardo Gudynas es investigador principal en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo.